Contraloría
Departamental
Entidad que
se dedica a controlar la función pública en determinadas zonas o localidades.
La
Contraloría Departamental del Tolima, nace con la expedición de la Ordenanza
N° 033 de 1926, sancionada por el entonces Gobernador del Tolima don Rafael
Dávila, siendo elegido como primer Contralor Departamental el General Antonio Jiménez, asumiendo las funciones antes asignadas al Tribunal de Cuentas.
Esta
función constitucional la ha venido cumpliendo en medio de diferentes cambios
normativos que han modificado su estructura y el alcance de su labor. El
reordenamiento constitucional de 1991, introdujo cambios sustanciales en las
contralorías, que modernizaron la gestión fiscal a cumplir como garantes de
todos los procesos y actividades administrativas desarrolladas por los sujetos
de control. Esta función pasó de cumplirse de manera previa y perceptiva que
implicó la coadministración en la ejecución y en la toma de decisiones a
ejercerse de forma posterior y selectiva, para lo cual fue expedida entonces la
Ley 42 de 1993, que comprende un conjunto de preceptos que regulan los
principios, sistemas y procedimientos de control financiero de los organismos
que lo ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de los
procedimientos jurídicos aplicables.
Fue así que
para dar cumplimiento al mandato constitucional y la ley, la Contraloría Departamental
presentó el proyecto de ordenanza en marzo de 1993 (Ordenanza N° 023 de
Diciembre 7 de 1993), convirtiéndose en uno de los primeros entes reglados con
autonomía presupuestal y en iniciar la aplicación de los nuevos sistemas de
control fiscal. Para ello y con el propósito de afrontar los cambios, modificó
su estructura, creando entonces las divisiones de Auditorías Operativas y
Financieras, Medio Ambiente, Interventoría Fiscal, Análisis Financiero y la
Oficina de Control Interno. La estructura interna de la Contraloría
Departamental posteriormente fue modificada por las Ordenanzas 019 y 047 de
1998 que ajustaron y definieron la estructura orgánica de la entidad.
Finalmente,
y a raíz de la expedición de las Leyes 610 y 617 de 2000 (ésta última denominada
también Ley de racionalización del gasto público), la Contraloría se vio
abocada a una nueva reorganización administrativa y funcional, la que se surtió
a través de las Ordenanzas 007 y 008 del 5 de abril de 2001.
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